Un pronunciamiento técnico de alto nivel
El documento, hecho público este 19 de marzo de 2026, representa una de las críticas internacionales más directas a la política de seguridad de Ecuador desde la declaración del «conflicto armado interno» en 2024. Los relatores, liderados por Ben Saul (especialista en derechos humanos y lucha contra el terrorismo), sostienen que el Estado ecuatoriano está desdibujando las fronteras jurídicas internacionales para combatir el crimen organizado.
Los 4 pilares de la crítica de la ONU
La comunicación conjunta detalla cuatro áreas donde las leyes ecuatorianas actuales entrarían en conflicto con los tratados internacionales ratificados por el país:
1. Confusión entre Terrorismo y Delincuencia Organizada
Los relatores cuestionan que el Gobierno califique a las bandas criminales (cárteles) como «grupos terroristas». Según el derecho internacional, son fenómenos distintos con marcos legales diferentes. Advierten que esta etiqueta busca justificar el uso de tácticas militares y medidas excepcionales que no corresponden a la lucha contra el crimen común, lo que podría derivar en ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias.
2. La nueva Ley de Inteligencia (2025)
Uno de los puntos más polémicos es la Ley Orgánica de Inteligencia, adoptada a mediados de 2025. Los expertos denuncian que:
- Permite la vigilancia y recolección de datos (incluyendo comunicaciones privadas) sin necesidad de una autorización judicial previa.
- Establece niveles de confidencialidad tan altos que impiden la rendición de cuentas y facilitan el abuso de poder.
- Carece de mecanismos de supervisión independientes.
3. «Emergencia Permanente»
La ONU critica el uso sucesivo y prorrogado de los estados de excepción. Señalan que estas medidas deben ser extraordinarias y temporales, pero su aplicación constante desde enero de 2024 hasta marzo de 2026 amenaza con convertir la excepción en la norma, desnaturalizando el sistema democrático y restringiendo derechos fundamentales de forma sistemática.
4. Criminalización de la protesta y la información
El informe advierte sobre la ambigüedad en la definición de delitos de terrorismo en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Términos vagos como «causar estragos» o «difundir información» podrían utilizarse para perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos o líderes indígenas que se opongan a las políticas estatales.
«El terrorismo y la delincuencia organizada no deben confundirse ni aplicarse de forma intercambiable. Hacerlo pone en riesgo el principio de legalidad y los derechos fundamentales de la población». — Fragmento de la carta de los Relatores.
Reacción y estado actual del proceso
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador ha señalado que el Estado no ha respondido a las comunicaciones previas enviadas por los relatores, lo que motivó la publicación del documento actual.
Paralelamente, una delegación ecuatoriana compareció la semana pasada ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en Ginebra, donde también se plantearon preguntas incómodas sobre la militarización de las cárceles y el paradero de personas detenidas durante los operativos de seguridad.
Impacto en la política de Daniel Noboa
Este cuestionamiento internacional llega en un momento delicado para el presidente Noboa, quien ha basado su popularidad y estrategia de gobierno en el «Plan Fénix» y la presencia militar en las calles. Un informe negativo de los relatores de la ONU podría:
- Dificultar el apoyo internacional: Países y organismos que financian la seguridad podrían condicionar su ayuda al cumplimiento de estándares de derechos humanos.
- Presión judicial interna: La Corte Constitucional de Ecuador podría tomar estas observaciones como referencia para limitar futuros decretos de estado de excepción.
«La seguridad es un derecho, pero no puede ser el pretexto para desmantelar las garantías constitucionales que protegen a todos los ciudadanos».
