La sombra de la Ley Rider y la crisis de modelo
La relación entre Glovo y sus repartidores vuelve a judicializarse en un momento crítico para la compañía. Tras años de litigios por la naturaleza laboral de sus riders, la empresa inició en 2025 una transición hacia un modelo de contratación asalariada para cumplir con la «Ley Rider» y evitar sanciones penales. Sin embargo, este proceso se ha visto empañado por lo que los sindicatos consideran una estrategia de «purga» constante.
La denuncia, presentada este jueves 19 de marzo de 2026, llega apenas una semana después de que la empresa anunciara oficialmente un ERE para 750 repartidores en 60 ciudades, alegando causas económicas para «evitar su cierre».
Desarrollo: La estrategia del goteo de bajas
Según el escrito de CC.OO., Glovo ha estado ejecutando despidos masivos bajo la apariencia de ceses disciplinarios individuales. La ley establece que, si una empresa de este tamaño extingue más de 30 contratos en un periodo de 90 días por causas no imputables al trabajador, debe tramitar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo), lo que conlleva periodos de consulta obligatorios y mayores indemnizaciones.
Los sindicatos denuncian que Glovo ha sorteado este límite mediante:
- Causas arbitrarias: Se imputan a los trabajadores «tiempos de espera excesivos» en la entrega o los llamados no shows (no presentarse a un pedido), problemas que el sindicato considera ajenos al empleado y propios de la gestión algorítmica.
- Uso del periodo de prueba: Se acusa a la empresa de utilizar el mes de prueba como una forma de «contratación temporal encubierta», despidiendo a nuevos empleados de forma sistemática antes de que finalice dicho periodo.
- Externalización ilegal: CC.OO. sostiene que la empresa está intensificando la externalización de servicios a «empresas fantasma» para precarizar la organización de los trabajadores.
«No vamos a permitir que Glovo impute a la plantilla su nefasta gestión empresarial mediante un modelo de trabajadores de usar y tirar».
Declaraciones de los implicados
Desde la parte sindical, el mensaje es de firmeza absoluta frente a lo que consideran un «chantaje» de la plataforma tras el anuncio de los 750 despidos colectivos de la semana pasada.
«Glovo está queriendo evitar la responsabilidad de un despido colectivo real mediante un goteo constante que busca dividir a la plantilla e impedir su organización sindical». — FSC-CC.OO.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha reaccionado a través de sus canales oficiales, recordando que «en España solo se trabaja con derechos» y que la Ley Rider es una garantía innegociable frente a este tipo de prácticas.
Impacto y consecuencias legales
La admisión a trámite de esta denuncia en la Audiencia Nacional podría tener consecuencias severas para la compañía:
- Nulidad de los despidos: Si se demuestra que hubo un ERE encubierto, los despidos realizados en los últimos 90 días podrían ser declarados nulos, obligando a la readmisión de los trabajadores y al pago de los salarios de tramitación.
- Sanciones administrativas: Glovo ya arrastra multas millonarias de la Inspección de Trabajo que superan los 200 millones de euros; un nuevo revés judicial agravaría su delicada situación financiera.
- Intervención judicial: El precedente de la filial en Italia, intervenida recientemente por explotación, planea sobre la dirección de la empresa en España.
«El límite de 30 despidos en 90 días es la frontera legal que Glovo ha decidido cruzar para ahorrarse los costes de un proceso transparente».
