La sombra de la DEA sobre la Casa de Nariño

La relación entre Bogotá y Washington ha alcanzado su punto más gélido este lunes 23 de marzo de 2026. Tras los informes publicados por medios como The New York Times y la agencia Associated Press, que sitúan al presidente Gustavo Petro como un «objetivo prioritario» de la DEA por presuntos nexos con el narcotráfico, expertos en geopolítica consideran que el timing de estas revelaciones no es casual.

Para diversos analistas, la presión judicial desde Estados Unidos busca generar un efecto de «deslegitimación» similar al vivido en los años 90 con el Proceso 8.000. El objetivo de fondo sería frenar el repunte de popularidad que el mandatario colombiano había logrado en febrero, situándose cerca del 49% de aprobación, y limitar su influencia en el tablero regional frente a las políticas de la administración de Donald Trump.

Los ejes de la «ofensiva» diplomática

La estrategia de Washington, según los expertos consultados, se articula a través de tres frentes que impactan directamente en la percepción ciudadana:

• Investigaciones por Narcotráfico: El uso de fuentes anónimas para vincular la campaña presidencial con dineros ilícitos genera una sombra de duda que afecta la confianza de los sectores moderados y de la inversión extranjera.
• Exclusión Regional: La reciente decisión de EE. UU. de no invitar a Colombia al programa «Escudo de las Américas» —una alianza de seguridad que sí incluye a países vecinos— se interpreta como un mensaje de aislamiento hacia el gobierno de Petro.
• Presión Económica: La amenaza de retención de fondos de ayuda y la posible imposición de aranceles como respuesta al incremento de cultivos de coca en el país actúan como un lastre para la recuperación económica nacional.

«No se trata solo de un proceso judicial; es una operación de comunicación política destinada a convertir al presidente en un paria internacional antes de las elecciones de 2026». — Juan Nicolás Garzón, experto en relaciones internacionales

La respuesta de Petro: «No acepto donaciones de narcos»

El presidente Petro ha reaccionado con vehemencia a través de sus canales oficiales, negando cualquier vínculo con el tráfico de drogas y acusando a la «extrema derecha colombiana» de coordinarse con sectores de Washington para desestabilizar su gobierno. La embajada de Colombia en EE. UU. emitió este domingo un comunicado rechazando los reportes por su «falta de base legal y fáctica».

A pesar de los ataques, Petro ha intentado mantener la iniciativa política viajando a Estados Unidos tras recuperar su visa a mediados de marzo, aunque el diálogo con la Casa Blanca permanece suspendido en los niveles más altos debido a la crisis abierta por la detención de figuras clave del chavismo en la región.

«Respecto a mis campañas, siempre he dicho a los gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos». — Gustavo Petro, Presidente de Colombia

Consecuencias para la estabilidad democrática

Los expertos advierten que este choque de trenes podría tener consecuencias impredecibles para la democracia colombiana. El recuerdo del caso Samper y la sombra de una posible «desertificación» por parte de EE. UU. en materia antidrogas han encendido las alarmas en los sectores empresariales, que piden «cabeza fría» para evitar que la ruptura diplomática se traduzca en una crisis económica profunda.

Mientras Washington intensifica sus investigaciones sobre presuntos sobornos para frenar extradiciones en la cárcel de La Picota, Petro parece decidido a utilizar este «asedio exterior» para cohesionar a su base electoral bajo un discurso de soberanía nacional y resistencia frente al «imperialismo».