En el año 2025, Ecuador registró más de 1,2 millones de atenciones en salud mental, de las cuales algo más de 146 000 correspondieron a casos de depresión, según datos del Ministerio de Salud Pública. Esta cifra se sitúa en el umbral de alarma para el país, que ya cuenta con un sistema de salud mental fragmentado y con recursos limitados.
El primero de los retos que enfrentan los gobiernos central y locales es la distribución equitativa de los recursos. La concentración de especialistas en ciudades grandes y la carencia de servicios en zonas rurales significan que, incluso con un aumento de la demanda, la capacidad de respuesta se mantiene inadecuada. Una inversión estratégica en tecnología, como la telemedicina, podría ampliar el alcance sin requerir la contratación masiva de personal.
El segundo eje de acción deriva de la necesidad de integrar la salud mental en la agenda política con la misma urgencia que la prevención física. La creación de protocolos nacionales que vinculen la salud mental con la atención primaria existente, la capacitación de personal y la inclusión de indicadores en los sistemas de información permitirán medir el impacto de las intervenciones y ajustar las políticas conforme a la evidencia.
En cuanto al ámbito económico, la crisis de salud mental repercute directamente en la productividad nacional. Empresas que miden un descenso de la productividad canjearán en gastos mayores por prevención y rehabilitación, por lo que los gobiernos deben establecer incentivos fiscales vinculados al cumplimiento de planes de bienestar laboral. Al mismo tiempo, la inversión pública en programas de prevención, como campañas de concientización y grupos de apoyo comunitario, debe incluirse en los presupuestos de los municipios.
Finalmente, la colaboración transnacional ofrece lecciones valiosas. Países como Chile y Brasil han iniciado diálogo sobre políticas de salud mental que integran sector salud, educación y trabajo. Iberoamérica podría adoptar un marco de acción regional, compartiendo buenas prácticas y recursos para fortalecer la respuesta ante la creciente demanda y disminuir los costos sociales asociados a la inatención.
