Un sistema preventivo bajo sospecha

El programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, gestionado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se enfrenta a su crisis de credibilidad más grave de la última década. Lo que comenzó como quejas aisladas por la demora en las citas de mamografías se ha transformado en un movimiento organizado de pacientes que denuncian fallos sistémicos en la cadena de prevención.

Las afectadas sostienen que la Junta de Andalucía ha incumplido los protocolos de periodicidad establecidos, dejando a miles de mujeres de entre 50 y 71 años fuera de los márgenes de seguridad clínica. Según los colectivos de pacientes, estos «agujeros» en el calendario preventivo han impedido la detección de tumores en etapas iniciales, cuando las tasas de curación superan el 90%.

Desarrollo de la noticia: El salto a la vía judicial

Tras meses de protestas en las calles y reclamaciones administrativas sin respuesta satisfactoria, las afectadas han confirmado este lunes que llevarán el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La demanda se fundamenta en la presunta responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria por «funcionamiento anormal de los servicios públicos».

Los puntos clave de la ofensiva legal incluyen:

• Diagnósticos tardíos: Casos documentados donde el tumor progresó de estadio II a IV durante el tiempo de espera de una cita que nunca llegó.
• Falta de personal: Denuncian que la falta de radiólogos especializados ha provocado que las pruebas se acumulen sin ser informadas durante meses.
• Vulneración del derecho a la salud: Argumentan que el programa de cribado es un compromiso contractual de la Junta con la ciudadanía que ha sido desatendido.

«No estamos hablando de una lista de espera para una operación estética, estamos hablando de que el tiempo que la Junta nos ha robado es tiempo de vida y opciones de tratamiento.»

Declaraciones y postura de la Administración

Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se ha reconocido en intervenciones recientes que existen «puntos de congestión» en determinadas provincias, pero niegan que exista un fallo generalizado del sistema. El Gobierno regional defiende que se están realizando inversiones para la renovación de mamógrafos y que la ampliación del rango de edad (ahora desde los 47 años) ha aumentado la presión sobre el servicio.

Sin embargo, para los abogados de la plataforma, estas explicaciones son insuficientes. Sostienen que la gestión de las agendas ha primado el ahorro de costes sobre la seguridad del paciente, delegando en ocasiones pruebas a centros concertados que no siempre han cumplido con los estándares de seguimiento exigidos.

Impacto y consecuencias para las pacientes

El impacto de estos fallos trasciende lo administrativo y entra en lo humano y clínico. Los oncólogos advierten que un retraso de seis meses en un cribado puede suponer la diferencia entre una cirugía conservadora y una mastectomía total, o entre un tratamiento adyuvante preventivo y una quimioterapia agresiva.

Además del daño físico, el colectivo subraya el «daño moral» y la ansiedad generada en miles de mujeres que, sabiéndose en población de riesgo, ven cómo los plazos legales para sus revisiones se superan sin recibir la notificación de su centro de salud.

«El objetivo de esta demanda no es solo la compensación económica, sino forzar un cambio radical en la gestión de la salud preventiva para que ninguna otra mujer pase por esto.»

Información adicional: El precedente de otras comunidades

El conflicto en Andalucía se suma a una tendencia de judicialización de la sanidad pública en España. No obstante, el caso andaluz destaca por el volumen de damnificadas que se están sumando a la causa colectiva. Expertos legales sugieren que, si el TSJA admite a trámite las pruebas presentadas, la Junta podría enfrentarse a indemnizaciones millonarias y a la obligación de externalizar masivamente las pruebas para poner al día el calendario de cribado en menos de seis meses.

«La justicia deberá determinar si la gestión presupuestaria se puso por delante del protocolo clínico de detección precoz.»

Nota editorial: La plataforma de afectadas ha convocado una nueva concentración frente a la sede de la Presidencia de la Junta para finales de esta semana, coincidiendo con la presentación formal de la querella.