La geopolítica ha vuelto a dictar el pulso de la economía real. El recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo ha activado las alertas en los mercados energéticos globales, situando al Estrecho de Ormuz —vital para el tránsito del 20% del petróleo y gas mundial— en el centro de una potencial crisis de suministro. Este escenario de alta tensión ya se traduce en un encarecimiento palpable: el barril de Brent supera los 80 dólares y los precios del gas se acercan a niveles que, históricamente, han justificado intervenciones regulatorias como la excepción ibérica. La principal preocupación reside en los denominados efectos de segunda ronda, donde el aumento del coste energético se traslada inevitablemente al transporte y, consecuentemente, al precio final de la cesta de la compra, erosionando el poder adquisitivo de los hogares españoles.
Diversos servicios de estudios económicos han comenzado a modelar los escenarios, y las proyecciones iniciales son cautelosas. Funcas, por ejemplo, estima que, si el conflicto se limita a un trimestre, la inflación podría superar el 3% durante el primer semestre, al tiempo que el Producto Interior Bruto (PIB) sufriría una contracción de dos décimas respecto a las previsiones gubernamentales. La correlación es directa y preocupante: un incremento del 10% en el precio del petróleo o del gas implica, según sus cálculos, una décima adicional en el Índice de Precios al Consumo (IPC). Si la duración de la inestabilidad se prolonga más allá de junio, el panorama se torna "significativamente más negativo", especialmente si se materializan daños en infraestructuras críticas, lo que generaría disrupciones severas en los flujos energéticos.
El impacto inmediato en la demanda interna se perfila como un freno al principal motor del crecimiento español. El encarecimiento de los bienes esenciales, impulsado por la inflación, tenderá a retraer el consumo privado. Paralelamente, la incertidumbre global podría paralizar o posponer decisiones de inversión empresarial, mientras que las exportaciones se verían lastradas por la desaceleración económica prevista en los principales socios comerciales de España. Aunque Funcas vislumbra una posible moderación del IPC hasta acercarse al 2,5% a finales de año si la situación se estabiliza antes del verano, el impacto a corto plazo sobre el tejido productivo es ineludible.
No obstante, existen factores mitigantes que diferencian esta coyuntura de crisis pasadas, como la invasión rusa de Ucrania. Caixabank Research señala que la dependencia europea del gas procedente del Golfo Pérsico es menor actualmente. Además, la economía mundial dispone de colchones energéticos significativos, incluyendo volúmenes de hidrocarburos almacenados y la posibilidad de movilizar capacidad productiva en regiones alejadas del conflicto. Estos depósitos permiten amortiguar las interrupciones transitorias del suministro en el Estrecho de Ormuz, aunque una conflagración prolongada agotaría rápidamente estas reservas, desorganizando la cadena productiva global.
La clave del impacto a medio plazo reside en la capacidad de respuesta de Irán y la contención geográfica del conflicto. Si las tensiones se mantienen elevadas, debilitando las expectativas de precios futuros, el escenario para la eurozona y España se deteriorará, aunque sin prever un cambio estructural profundo gracias a las existencias energéticas acumuladas. En este escenario base de tensión sostenida, el crecimiento del PIB se vería mermado en algunas décimas y la inflación experimentaría un repunte temporal, un escenario que, según los analistas, podría no ser suficiente para alterar drásticamente la estrategia de política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo (BCE), manteniendo la presión sobre la financiación y la inversión.
Fuente: Siete décimas de inflación y dos de PIB, primer golpe de la guerra en la economía española
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