El fin de la vía administrativa: Consumo no cede

La resolución emitida este miércoles pone fin a un proceso iniciado a finales de 2025. El Ministerio ha ratificado que Alquiler Seguro utilizó su posición de dominio en el mercado para imponer condiciones que la Ley de Vivienda prohíbe explícitamente. Con esta decisión, la inmobiliaria se ve obligada a abonar la cuantía millonaria, salvo que logre una suspensión cautelar en la vía judicial contencioso-administrativa, que es el siguiente paso anunciado por la empresa.

La sanción no solo tiene un componente económico, sino también reputacional y correctivo, ya que obliga a la empresa a eliminar de forma inmediata las cláusulas declaradas ilegales de todos sus contratos vigentes.

«Esta resolución es un mensaje claro para el sector: no se permitirán prácticas que conviertan el acceso a la vivienda en una carrera de obstáculos financiera y abusiva para los ciudadanos». — Fuentes del Ministerio de Consumo.

Radiografía de las infracciones: ¿Por qué la multa récord?

La investigación de Consumo ha detallado un «catálogo de malas prácticas» que se repetía en miles de contratos. Entre las infracciones más graves ratificadas destacan:

• Cobro de honorarios prohibidos: La empresa seguía repercutiendo gastos de gestión inmobiliaria a los inquilinos, algo prohibido por el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para contratos de vivienda habitual desde mayo de 2023.
• Servicios impuestos: Se obligaba a los inquilinos a contratar seguros o «servicios de atención» no solicitados como condición indispensable para acceder al alquiler.
• Ficheros de morosos ilegales: Se incluían cláusulas que permitían registrar al inquilino en ficheros de solvencia patrimonial incluso por deudas no vencidas o que eran responsabilidad del propietario.
• Derecho de desistimiento: Se impedía a los usuarios cancelar servicios accesorios, limitando su capacidad de rescindir contratos perjudiciales.

«El modelo de negocio no puede basarse en eludir la ley para trasladar costes operativos del arrendador al eslabón más débil: el inquilino». — Pablo Bustinduy, Ministro de Consumo.

La respuesta de Alquiler Seguro: Batalla en los tribunales

La inmobiliaria ha reaccionado de inmediato, anunciando que llevará el caso ante la justicia ordinaria. La empresa sostiene que su modelo de negocio es legal y se apoya en cuatro sentencias judiciales previas que, según su versión, avalan el cobro de ciertos servicios adicionales como voluntarios y legítimos.

Desde la compañía argumentan que las sanciones son «desproporcionadas» y que el Ministerio realiza una interpretación «sesgada» de la normativa vigente. Sin embargo, Consumo subraya que las infracciones detectadas son de carácter sistémico y afectan a una vulnerabilidad estructural del mercado del alquiler.

Impacto en el mercado y derechos del consumidor

Esta sanción marca un precedente histórico en el sector inmobiliario español por su cuantía y por el rigor de la inspección. Las organizaciones de consumidores, como FACUA y OCU, han celebrado la ratificación, recordando que los inquilinos afectados por estas cláusulas ahora tienen una base sólida para reclamar la devolución de las cantidades cobradas indebidamente.

• Consecuencia directa: Miles de inquilinos con contratos firmados con Alquiler Seguro podrían exigir el reintegro de los honorarios de gestión y de los servicios de atención impuestos.
• Efecto disuasorio: El Ministerio mantiene abiertas otras investigaciones similares en grandes comercializadoras para asegurar el cumplimiento de la Ley 12/2023 de Vivienda.

Punto clave: La sanción ratificada incluye dos multas específicas que rozan el millón de euros cada una, debido a la reincidencia y al beneficio ilícito obtenido mediante la imposición de seguros obligatorios.