El desafío a un siglo de precedente
La controversia se originó en enero de 2025, cuando el presidente Trump, en uno de sus primeros actos tras regresar a la Casa Blanca, firmó una orden para dejar de emitir certificados de ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o personas con estatus temporal (como estudiantes o turistas). La administración sostiene que la cláusula constitucional que otorga la ciudadanía a quienes están «sujetos a la jurisdicción» de EE. UU. ha sido malinterpretada durante décadas y no debería amparar a quienes no tienen residencia permanente o estatus legal.
La audiencia contó con la presencia física del propio mandatario en la sala, un hecho sin precedentes para un presidente en funciones en la historia moderna del tribunal.
Desarrollo: Una sesión de escepticismo judicial
Durante más de dos horas de argumentos orales, tanto los jueces de tendencia liberal como varios de los conservadores mostraron signos de duda frente a la postura del Gobierno. El nudo gordiano del debate se centró en si un presidente tiene la autoridad unilateral para redefinir un derecho consagrado en la Constitución sin una enmienda aprobada por el Congreso.
- Argumento del Gobierno: El procurador general, D. John Sauer, argumentó que la 14ª Enmienda se diseñó originalmente para los antiguos esclavos y que «sujeto a la jurisdicción» implica una lealtad política que los no ciudadanos no poseen.
- Argumento de la defensa: Los abogados de la ACLU y fiscales generales de 24 estados sostuvieron que la orden es «abiertamente inconstitucional» y que el precedente de 1898 (Estados Unidos v. Wong Kim Ark) dejó claro que el lugar de nacimiento es el único criterio vinculante.
- Interrogantes técnicos: Los jueces cuestionaron conceptos como el «domicilio» y el impacto práctico de la medida. La jueza Ketanji Brown Jackson llegó a preguntar si los hospitales deberían empezar a exigir documentos de estatus migratorio en las salas de parto.
«Estamos ante un intento de redefinir lo que significa ser estadounidense. La ciudadanía por nacimiento no es un privilegio concedido por el Ejecutivo, sino un derecho protegido por la Constitución».
Declaraciones: Posturas enfrentadas
Al salir del tribunal, el presidente Trump reafirmó su posición a través de redes sociales, calificando de «estúpido» el sistema actual que permite la «ciudadanía automática» y acusando a otros países de reírse de las leyes estadounidenses. «Los jueces deben decidir si somos un país con fronteras y reglas o un sistema ridículo que regala la nacionalidad por pago», escribió.
Por otro lado, organizaciones civiles advirtieron que, de validarse la orden, aproximadamente 250.000 bebés al año quedarían en un limbo legal, pudiendo incluso quedar apátridas en ciertos casos.
Impacto y consecuencias posibles
Si la Corte Suprema fallara a favor de la administración, las consecuencias serían cataclísmicas para el sistema migratorio:
- Revisión retroactiva: Se teme que el fallo pueda abrir la puerta a cuestionar la ciudadanía de millones de personas ya naturalizadas bajo este criterio.
- Subclase social: Defensores de derechos humanos alertan sobre la creación de una «subclase permanente» de personas nacidas y criadas en EE. UU. pero sin derechos políticos ni acceso a servicios básicos.
- Seguridad jurídica: El fallo afectaría no solo a indocumentados, sino también a hijos de trabajadores temporales y estudiantes extranjeros legalmente presentes.
«El fallo de este tribunal podría alterar el rumbo de nuestra democracia para las próximas generaciones. Ningún presidente debería tener el poder de decidir quién nace ciudadano y quién no».
Información adicional relevante
La orden ejecutiva nunca llegó a entrar en vigor plenamente debido a las medidas cautelares interpuestas por tribunales inferiores en estados como New Hampshire y Massachusetts. El fallo final de la Corte Suprema se espera para finales de junio o principios de julio de 2026, coincidiendo con el cierre del periodo de sesiones del tribunal.
Claves del caso ante la Corte
- La 14ª Enmienda: El texto establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos… son ciudadanos».
- Población afectada: Se estima que 5 millones de niños nacerían sin ciudadanía para el año 2045 si se mantiene la restricción.
- Asistencia histórica: Donald Trump es el primer presidente que asiste personalmente a los argumentos de un caso que afecta a su propia administración.
- Fallo esperado: La decisión definitiva se emitirá antes del verano de 2026.
