La jerarquía frente a la urgencia técnica

En una jornada marcada por la revisión de los tiempos de respuesta ante la riada que dejó 230 víctimas mortales, Jorge Suárez ha sido tajante sobre el funcionamiento de la cadena de mando aquel día. Según su testimonio este 23 de marzo de 2026, el cuerpo técnico tenía «muy claro» que una decisión de tal calado, como es el envío de un mensaje masivo a la población, requería la autorización expresa de la dirección política.

«Somos funcionarios y sabíamos que no se podía mandar hasta que no tuviéramos la afirmación de la dirección general», ha asegurado Suárez ante los diputados. El subdirector ha insistido en que el equipo técnico estuvo «esperando» instrucciones superiores para ejecutar el envío, una parálisis que resultó crítica en las horas centrales de la tragedia.

Cronología de una alerta pospuesta

Durante su comparecencia, Suárez ha detallado que la propuesta de alertar a la ciudadanía se puso sobre la mesa mucho antes de las 20:11 horas, momento en que finalmente sonaron los teléfonos.

• 17:15 horas: Suárez planteó por primera vez el envío del mensaje tras observar que ya había personas refugiadas en tejados en la zona de Utiel-Requena.
• 18:38 horas: Volvió a sugerir la alerta ante el riesgo inminente de rotura de la presa de Forata, que amenazaba con crecidas de hasta siete metros.
• El debate lingüístico: El subdirector ha reiterado lo ya expuesto ante la justicia: que parte del retraso se debió a discusiones sobre la redacción del mensaje. Según su relato, responsables políticos como la exconsellera Salomé Pradas y Vicent Mompó cuestionaron términos y matices lingüísticos en valenciano, suavizando la advertencia de «suspender actividades» a «rogar evitar desplazamientos».

«Teníamos el borrador listo, pero la decisión final se demoró mientras se discutían aspectos de la redacción y se esperaba el aval político». — Jorge Suárez, subdirector de Emergencias

La defensa de los responsables políticos

Esta declaración choca frontalmente con la mantenida por el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien en comparecencias previas aseguró que «nadie pidió permiso» para enviar la alerta y que los técnicos tenían autonomía para hacerlo. Sin embargo, Suárez ha mantenido hoy que la dinámica del Cecopi aquel día impidió una respuesta ágil, llegando a afirmar que «nunca antes se había parado un centro de coordinación para reflexionar tanto» en medio de una emergencia de tal magnitud.

«Estábamos esperando a que nos dijeran algo para poder tomar la decisión; la jerarquía ese día pesó más que la urgencia». — Declaración de Jorge Suárez ante la Comisión

Implicaciones judiciales y políticas

El testimonio de Suárez refuerza la tesis de la acusación sobre una negligencia en la gestión política de la emergencia. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó recientemente investigar a Mazón por vía penal al no ver indicios suficientes de delito, la comisión parlamentaria sigue acumulando evidencias de que los protocolos técnicos se vieron supeditados a la indecisión política.

La revelación de que el mensaje estaba redactado y propuesto tres horas antes de su envío efectivo sitúa el foco de nuevo sobre la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, quien según los técnicos presentes, fue quien solicitó revisar la versión definitiva del texto antes de autorizar su difusión.