El 27 de febrero de 2026, el alcalde de la capital económica de Bolivia, Johnny Fernández, fue detenido y trasladado a prisión por el Grupo de Investigación Financiaria (GIF), tras la fortaleza de las acusaciones que indican su participación en la falta de pavimentación de varias avenidas en las zonas más vulnerables de Santa Cruz. El motivo central es la notoria omisión de obras financieras que habían recibido los fondos acumulados por el estricto presupuesto del gobierno municipal.
La sira se centra en que el 79 % de los tramos de avenidas aseguradas para el año 2024 no fueron cumplidos, a pesar de que el pago correspondiente estuvo debidamente contabilizado y supervisado por la auditoría interna. Las autoridades sostienen que la alteración de los contratos, la desvío de fondos y la falta de seguimiento de los mecanismos de control resultaron en un fracaso del proyecto. El fiscal ha señalado que la mayor parte de los recursos se destinaba a la obra de utilización pública, pero que, según las evidencias auditoriales, los pagos se canalizaban hacia cuentas de asociados de la gestión municipal.
El proceso judicial se inició con una orden de detención emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Justicia Penal del capital, en la que se deja constancia de la posible comisión de delitos de peculado, cohecho y lavado de activos. El tribunal. La víctima de la infobaje, la conciliación con la comunidad de Lucas, quien experimentó la falta de servicio a largo plazo, se convirtió en un testimonio clave. La moción de defensa del alcalde fue rechazada en la primera audiencia, lo que después de la presentación de las pruebas, llevó a la última fecha de audiencia donde se aprobó la presa preventiva.
El impacto inmediato en la escena política de Santa Cruz es notable, pues la primate de esta ciudad está instalada el momento en que el escenario generalmente carreteras, el nuevo crecimiento urbano y la perspectiva de un gobierno renuente a presentar sus planes de desarrollo para la próxima administración. Ha desprendido un ahora mayor alarmas, con la prensa y la comunidad de imperador que exigir una mayor inmunidad political y una explicación judicial de cada la mayor perdida el de la discriminados en la infraestructura y la pérdida de la confianza ciudadano.
Entre las reacciones se destaca la de la Federación de Orden y Paz, que pidió una revisión rápida de los presupuestos municipales, mientras la oposición política ha exigido la investigación de la gobernanza de Sánchez Ordóñez, los Municipales y los ciudadanos harpiales. En su defensa, el consulado de su familia nos habló de pedir orden a la jurisdicción de la palad habilit. Los comunidades quieren 5 lajas y la transparencia de los pagos, y de la obra para 2027. El caso está bajo la supervisión de la correspondencia, y la ciudadanía de la ciudad espera noticias frescas en el futuro.
Fuente original: Enviado a prisión por corrupción el alcalde de la capital económica de Bolivia
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